Desestimado el resurso de la denuncia por corrupción interpuesta por el PP contra el alcalde y la ex alcaldesa de IU

La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado el recurso de apelación que interpuso el portavoz del Partido Popular de San Fernando, Eusebio González, después de que en primera instancia también se archivara su denuncia contra el alcalde de Izquierda Unida, Julio Setién, su antecesora, Montserrat Muñoz, el actual consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo (EMS) y primer teniente de alcalde, Manuel González Rojo (PSOE), y su predecesor en el cargo, Ángel Arranz, con relación a las presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de las obras de 156 viviendas en la parcela de ECHEVESTE. 10-09-2010

 "Es evidente que don Eusebio González, portavoz del PP, había desarrollado un montaje dejando en muy mal lugar a la justicia y a la democracia, que son cosas en las que yo creo que él, sinceramente, no cree. Un montaje a base de mentiras que los jueces han visto y que han archivado incluso dos veces, a pesar del recurso. Nosotros seguimos a lo nuestro, que es trabajar por el municipio y la justicia, al final, ha vuelto a poner a cada uno en su sitio", ha declarado este viernes Julio Setién.

Hay que alegrarse de que la justicia no vea indicios de delito en las acciones de nuestros cargos públicos municipales, porque ello, de haber sido al contrario, hubiera dado una muy mala imagen de la institución municipal y de su clase política.

Creo que las divergencias con relación al proceso de adjudicación de estas viviendas, no debió salir del terreno político, evitando una "judicialización" innecesaria de la vida política local.

La ejecución tan tortuosa y accidentada de esas viviendas, que nos ha costado a todos a través del ayuntamiento y la Empresa de Suelo, muchísimo más de lo previsto, casi el doble, debe sin embargo hacer reflexionar a los gestores públicos municipales con responsabilidad en ello, al respecto de que se debe actuar en lo posible con mayor diligencia en previsión y anticipación.

Desde luego los principales perjudicados fueron los adjudicatarios, y esas viviendas se tenían que terminar, pero el coste que finalmente ha supuesto, ha sido un negocio nada rentable para el municipio, partiendo de la base de que encima, no se trataba de vivendas sociales, la gestión puede y debe ser criticada, pero desde el terreno político, pidiendo responsabilidades sí, pero responsabilidades políticas, esas responsabilidades existen y tienen nombre al margen de que jurídicamente sean irreprochables a tenor de lo que al parecer manifiesta la administración de justicia.

El portavoz municipal del PP parece que vio en su momento indicios de delito, y acudió a la justicia denunciándolo al objeto de que se invesigase. Estaba en su derecho a hacerlo en ejercicio de la oposición que le ha correspondido realizar, acudir a la justicia ante en lo que pudieran suponer indicios de delito, es un derecho de todos, y con la debida cautela, un deber de quienes detentan responsabilidades públicas de fiscalizar la acción de un gobierno por mandato democrático.

Ahora la justicia, demuestra que estaba equivocado, a criterio de quienes entienden de los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha querella.
Eso desde luego no se queda ahí, además la deuda municipal contraída  persiste, y tendremos que asumirla entre tod@s.

 Al parecer, y en contra de lo que dice este comunicado de prensa, las acciones legales que caben con relación a este asunto, seguirán su curso, sin que a día de hoy se pueda todavía determinar cual será el resultado para los encausados.