Cuando se habla de la necesidad de revisar el modelo competencial y
administrativo del estado autonómico. De lo que se habla, es de adecuar
la estructura del estado español, a lo que son sus capacidades reales
para el sostenimiento de la administración y servicios públicos que
garanticen nuestro ESTADO DEL BIENESTAR. El problema del estado
autonómico, además de las muchas duplicidades que se dan en la
prestación de servicios que muchas veces exceden las propias
competencias autonómicas, está también
la dispar legislación autonómica que legisla de manera diferenciada
entre unos territorios y otros sobre iguales materias, contribuyendo a
la ruptura de la unidad de mercado del estado, haciéndolo menos
eficiente y competitivo, a la par, que generando hechos diferenciales
que menoscaban los derechos de los ciudadanos de unas regiones del
estado respecto de otras. No se habla de que las comunidades autónomas
tengan que desaparecer, sino más bien, que las mismas se regulen, por
los mismos textos legislativos y normativos, y que su función, sea el de
la GESTIÓN de los servicios públicos cuyas competencias "de gestión"
tengan, con criterios de cercanía al ciudadano, así como de austeridad,
racionalidad y excelencia. La priorización del gasto por parte de los
entes autonómicos debe responder a lo más conveniente en orden a lo más
productivo, no a criterios político-electoralistas locales. La razón del
elevado grado de endeudamiento de las comunidades, responde, además de a
todo lo relacionado, a una falta de CONCEPCIÓN GLOBAL DEL ESTADO desde
el punto de vista político, que no se ve como un conjunto, sino desde
sus partes de manera "autónoma".
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