lunes, 31 de diciembre de 2012

2012 Annus horribilis en España.






Termina el año 2012, un año que sin duda ha sido duro y complicado para muchos.



La crisis económica que padecemos desde finales de 2007, claramente manifestada a lo largo de 2008, y de la que sufrimos una recaída en el verano de 2011 a consecuencia de la llamada “crisis de la deuda soberana” que afectó a los Estado Unidos y la Eurozona. Ha propiciado profundos cambios políticos con el advenimiento del gobierno “ultra conservador y neoliberal” del PP tras la debacle electoral del PSOE que ha posibilitado la más amplia mayoría absoluta de este partido en su historia, con un programa, que está incumpliendo sistemáticamente, bajo la excusa de las excepcionales circunstancias económicas, siendo cuestionada por ello su legitimidad democrática desde los sectores más radicales y antisistema de la izquierda.



El paro, que afecta ya a casi al 26% de la población activa, tasa que supera el 50% en los jóvenes menores de 30 años, es sin duda la mayor lacra social, causa de un empobrecimiento y  exclusión social cada vez más acusado entre la población española, agravada con problemas parejos como la perdida de la vivienda, por medio de desahucios en los que priman más los intereses financieros, que el constitucional derecho a una vivienda digna.


Esta situación, producto de la grave recesión económica que atravesamos, supone una notable merma en los ingresos del estado, que además tiene que afrontar los intereses de una deuda, que por la acción especulativa de los mercados internacionales, y la falta de unidad financiera y fiscal en la Unión Europea, se ceba sobre España, ante sus malos indicadores macroeconómicos. Todo ello unido a la ideología del nuevo gobierno, de carácter “neoliberal”, pone en claro riesgo el sostenimiento de servicios y derechos fundamentales del llamado “estado del bienestar”, en relación a la sanidad, la educación o la dependencia.

Todo ello, agravando las desigualdades e injusticias sociales que está generando esta crisis, propiciando una progresiva falta de confianza de la sociedad española en la capacidad de los políticos de dar respuestas a sus necesidades y demandas, lo que unido al comportamiento de la llamada “clase política”, que mantiene privilegios insostenibles en el contexto socioeconómico actual, junto con ejemplos poco o nada edificantes de clientelismo político, cuando no de simple y llana corrupción. Está socavando la creencia de la ciudadanía en la credibilidad y solvencia de las instituciones en las que se apoya nuestro sistema democrático, con una creciente polarización hacia extremos ideológicos, que cuestionan el sistema político actual, y su verdadero carácter democrático; todo lo cual, es preocupante en extremo.

Es sin duda necesario abordar reformas que permitan adecuar las estructuras del estado a lo que nos podemos permitir, de manera no deficitaria. Pero en esa tarea, no prima el interés general, interpretado de forma objetiva y no desde el integrismo ideológico de tal o cual formación política de las llamadas izquierdas o derechas que pretenden polarizar el pensamiento de los españoles.

Gobernar es elegir y priorizar, y se debe priorizar en lo importante, y lo importante, es el sostenimiento de todos aquellos derechos y servicios que efectivamente garanticen la “práctica igualdad de derechos y oportunidades” de todos los ciudadanos con independencia de su condición social, entendiendo por ésta, la determinación económica de su forma de vida.

Así pues las reformas tendentes a la optimización de recursos públicos, han de garantizar servicios y derechos ligados a la sanidad, la educación y la dependencia. Optimizando la estructura administrativa de las administraciones local, autonómica y estatal, así como la propia organización territorial del estado, y su cuerpo normativo-legislativo regulador, de manera que se eviten hechos diferenciales innecesarios y perjudiciales para garantizar la igualdad de derechos entre ciudadanos de los diferentes territorios de España, a la par que reforzar la unidad de mercado y competitividad del país.



La dependencia energética exterior, la debilidad del tejido productivo, el modelo de fiscalidad… son sin duda graves cuestiones en el ámbito económico, a las que es preciso dar adecuada respuesta para propiciar el desarrollo futuro del país, que en el contexto actual se demuestra inviable con el mantenimiento de las estructuras vigentes.

2012 empezó con la subida del IRPF, siguió con la reforma laboral con un recorte sin precedentes en derechos sociolaborales y el desequilibrio del marco de relaciones laborales a favor de las empresas en detrimento claro de los trabajadores, la subida del IVA, el recorte en la prestaciones por desempleo, con el copago sanitario y el recorte de prestaciones medico-sanitarias, con la no revalorización de las pensiones, con el rescate por parte de la UE a las entidades financieras españolas a raíz del estallido de BANKIA, que además puso de manifiesto el pésimo papel de los gestores políticos en bancos y cajas y que aunque nos digan que no, vamos a pagar todos los españoles de nuestros impuestos, entre ellos el IBI que también ha subido a consecuencia de una inoportuna revisión del valor catastral al alza por parte del ministerio de hacienda, para que los ayuntamientos, también gravemente endeudados, puedan recaudar más, toda vez, que al financiarse del suelo, han perdido una de sus principales fuentes de ingresos como cómplices y coparticipes de la “especulación inmobiliaria” por medio de la “prostitución de la gestión urbanística” a favor de intereses privados, y no del interés general.

A todo ello se han sumado otras medidas antisociales que limitan la efectiva igualdad de los ciudadanos, como son la subida de las tasas universitarias, o las nuevas tasas judiciales para casos de lo mercantil y civil.

Por si todo esto fuera poco, compañías eléctricas y distribuidoras de combustibles, todas ellas operando en régimen de monopolio con la connivencia del gobierno y la clase política, siguen incrementando los precios de electricidad y combustibles, DIEZMANDO tanto más la capacidad de consumo de los ciudadanos, como la competitividad de nuestro menguado tejido productivo, formado en su mayor parte por PYME´s y autónomos. A ello el gobierno suma una injusta fiscalidad sobre la energía, que careciendo de un modelo energético adecuado a las necesidades del país y su óptimo desarrollo, se basa en un afán recaudatorio que todavía presiona más los exiguos bolsillos de la ciudadanía, en claro beneficio de los intereses corporativos de las empresas energéticas monopolistas.

En Madrid el euro por receta, el plan de gestión privada, ya ni siquiera de privatización encubierta del gobierno regional en Hospitales y Centros de Salud; el euro por receta, los recortes en educación con despidos masivos de personal docente y recorte de medios materiales y didácticos, la subida sin contrapartidas del precio del transporte público por encima del IPC, que se ceba sobre las clases medias y trabajadoras, grupos de población que se ven ya gravemente afectados por el desempleo o la reducción de sus niveles de renta disponible.

En San Fernando de Henares el gobierno de IZQUIERDA UNIDA cosecha las consecuencias de haber hecho todo lo contrario de lo que preconiza su utópico ideario comunista anticapitalista. Así hemos visto un alcalde y un gobierno metidos a "promotores inmobiliarios" con los bienes y dinero de los vecinos, que no sólo han propiciado el embargo de nuestra plaza más señera en nefasta gestión del proyecto más emblemático para nuestra ciudad largos años perseguido como lo era  LA PLAZA DE ESPAÑA, con graves consecuencias para los afectados y posiblemente para todo el municipio. A ello se ha sumado el plan de ajuste y saneamiento económico del ayuntamiento y el de pago a proveedores al que obligó el ministerio de hacienda, el cierre de servicios públicos como la biblioteca Mario Benedetti, o la subida de impuestos y tasas para compensar la delicada situación financiera y presupuestaria de un ayuntamiento mal gestionado que gastó por encima de lo que ingresó en los años de crisis de la legislatura pasada; todo lo cual pone en riesgo el mantenimiento de servicios públicos municipales y empleos asociados a los mismos. Pero todo esto, merecerá una repaso más amplio en capítulo a parte.


El resumen político, social y económico de 2012, no puede ser más nefasto para España, y ello se percibe claramente ya en la vida cotidiana, con un diezmado bullicio y menor dinamismo comercial y económico del centro de nuestras ciudades, y una periferias que parecieran estar sometidas al toque de queda en un estado de sitio, donde casi nadie sale de casa en estas navidades, a diferencia de años precedentes.

Ciertamente, el país, y esta es la percepción generalizada, está socialmente llevado al límite, al borde de lo que ya pueden aguantar personas y familias. Un contexto sin duda de grave y profunda crisis que carga los esfuerzos siempre sobre los mismos por el hecho de ser mayoría, haciéndose extensible la peligrosa idea de un estado que oprime y recorta en derechos y coberturas sociales y laborales, mientras su clase política dirigente, mantiene sus privilegios, y favorece en clara connivencia los intereses particulares de grandes corporaciones.

Esta es la realidad que en 2012, nos ha traído el agravamiento de la crisis, y un gobierno, que aplica pura e irracional ideología antisocial de corte neoliberal, sin reparar en el hecho de las tensiones sociales que ello genera en el contexto económico actual.

Esperemos que 2013 nos traiga una mejoría de todos estos problemas, especialmente del desempleo, que es el mal que de manera más directa nos afecta a todos, como afectación individual-familiar de lo que es la crisis y las carencias que propicia.


Feliz año 2013 
a tod@s los que seguís este espacio.


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