Termina el año 2012, un año que sin duda ha sido duro y
complicado para muchos.
La crisis económica que padecemos desde finales de 2007,
claramente manifestada a lo largo de 2008, y de la que sufrimos una recaída en
el verano de 2011 a
consecuencia de la llamada “crisis de la deuda soberana” que afectó a los
Estado Unidos y la Eurozona. Ha
propiciado profundos cambios políticos con el advenimiento del gobierno “ultra
conservador y neoliberal” del PP tras la debacle electoral del PSOE que ha
posibilitado la más amplia mayoría absoluta de este partido en su historia, con
un programa, que está incumpliendo sistemáticamente, bajo la excusa de las
excepcionales circunstancias económicas, siendo cuestionada por ello su
legitimidad democrática desde los sectores más radicales y antisistema de la
izquierda.
El paro, que afecta ya a casi al 26% de la población activa,
tasa que supera el 50% en los jóvenes menores de 30 años, es sin duda la mayor
lacra social, causa de un empobrecimiento y exclusión social cada vez más acusado entre la
población española, agravada con problemas parejos como la perdida de la
vivienda, por medio de desahucios en los que priman más los intereses
financieros, que el constitucional derecho a una vivienda digna.
Esta situación, producto de la grave recesión económica que
atravesamos, supone una notable merma en los ingresos del estado, que además
tiene que afrontar los intereses de una deuda, que por la acción especulativa
de los mercados internacionales, y la falta de unidad financiera y fiscal en la Unión Europea , se ceba sobre
España, ante sus malos indicadores macroeconómicos. Todo ello unido a la
ideología del nuevo gobierno, de carácter “neoliberal”, pone en claro riesgo el
sostenimiento de servicios y derechos fundamentales del llamado “estado del
bienestar”, en relación a la sanidad, la educación o la dependencia.
Todo ello, agravando las desigualdades e injusticias
sociales que está generando esta crisis, propiciando una progresiva falta de
confianza de la sociedad española en la capacidad de los políticos de dar
respuestas a sus necesidades y demandas, lo que unido al comportamiento de la
llamada “clase política”, que mantiene privilegios insostenibles en el contexto
socioeconómico actual, junto con ejemplos poco o nada edificantes de
clientelismo político, cuando no de simple y llana corrupción. Está socavando
la creencia de la ciudadanía en la credibilidad y solvencia de las
instituciones en las que se apoya nuestro sistema democrático, con una
creciente polarización hacia extremos ideológicos, que cuestionan el sistema
político actual, y su verdadero carácter democrático; todo lo cual, es
preocupante en extremo.
Es sin duda necesario abordar reformas que permitan adecuar
las estructuras del estado a lo que nos podemos permitir, de manera no
deficitaria. Pero en esa tarea, no prima el interés general, interpretado de
forma objetiva y no desde el integrismo ideológico de tal o cual formación
política de las llamadas izquierdas o derechas que pretenden polarizar el
pensamiento de los españoles.
Gobernar es elegir y priorizar, y se debe priorizar en lo
importante, y lo importante, es el sostenimiento de todos aquellos derechos y
servicios que efectivamente garanticen la “práctica igualdad de derechos y
oportunidades” de todos los ciudadanos con independencia de su condición
social, entendiendo por ésta, la determinación económica de su forma de vida.
Así pues las reformas tendentes a la optimización de
recursos públicos, han de garantizar servicios y derechos ligados a la sanidad,
la educación y la dependencia. Optimizando la estructura administrativa de las
administraciones local, autonómica y estatal, así como la propia organización
territorial del estado, y su cuerpo normativo-legislativo regulador, de manera
que se eviten hechos diferenciales innecesarios y perjudiciales para garantizar
la igualdad de derechos entre ciudadanos de los diferentes territorios de
España, a la par que reforzar la unidad de mercado y competitividad del país.
La dependencia energética exterior, la debilidad del tejido
productivo, el modelo de fiscalidad… son sin duda graves cuestiones en el
ámbito económico, a las que es preciso dar adecuada respuesta para propiciar el
desarrollo futuro del país, que en el contexto actual se demuestra inviable con
el mantenimiento de las estructuras vigentes.
2012 empezó con la subida del IRPF, siguió con la reforma
laboral con un recorte sin precedentes en derechos sociolaborales y el
desequilibrio del marco de relaciones laborales a favor de las empresas en
detrimento claro de los trabajadores, la subida del IVA, el recorte en la
prestaciones por desempleo, con el copago sanitario y el recorte de
prestaciones medico-sanitarias, con la no revalorización de las pensiones, con
el rescate por parte de la UE
a las entidades financieras españolas a raíz del estallido de BANKIA, que
además puso de manifiesto el pésimo papel de los gestores políticos en bancos y
cajas y que aunque nos digan que no, vamos a pagar todos los españoles de
nuestros impuestos, entre ellos el IBI que también ha subido a consecuencia de
una inoportuna revisión del valor catastral al alza por parte del ministerio de
hacienda, para que los ayuntamientos, también gravemente endeudados, puedan
recaudar más, toda vez, que al financiarse del suelo, han perdido una de sus
principales fuentes de ingresos como cómplices y coparticipes de la “especulación
inmobiliaria” por medio de la “prostitución de la gestión urbanística” a favor
de intereses privados, y no del interés general.
A todo ello se han sumado otras medidas antisociales que
limitan la efectiva igualdad de los ciudadanos, como son la subida de las tasas
universitarias, o las nuevas tasas judiciales para casos de lo mercantil y
civil.
Por si todo esto fuera poco, compañías eléctricas y
distribuidoras de combustibles, todas ellas operando en régimen de monopolio
con la connivencia del gobierno y la clase política, siguen incrementando los
precios de electricidad y combustibles, DIEZMANDO tanto más la capacidad de
consumo de los ciudadanos, como la competitividad de nuestro menguado tejido
productivo, formado en su mayor parte por PYME´s y autónomos. A ello el
gobierno suma una injusta fiscalidad sobre la energía, que careciendo de un
modelo energético adecuado a las necesidades del país y su óptimo desarrollo,
se basa en un afán recaudatorio que todavía presiona más los exiguos bolsillos
de la ciudadanía, en claro beneficio de los intereses corporativos de las
empresas energéticas monopolistas.
En Madrid el euro por receta, el plan de gestión privada, ya
ni siquiera de privatización encubierta del gobierno regional en Hospitales y
Centros de Salud; el euro por receta, los recortes en educación con despidos
masivos de personal docente y recorte de medios materiales y didácticos, la subida
sin contrapartidas del precio del transporte público por encima del IPC, que se
ceba sobre las clases medias y trabajadoras, grupos de población que se ven ya gravemente
afectados por el desempleo o la reducción de sus niveles de renta disponible.
En San Fernando de Henares el gobierno de IZQUIERDA UNIDA cosecha las consecuencias de haber hecho todo lo contrario de lo que preconiza su utópico ideario comunista anticapitalista. Así hemos visto un alcalde y un gobierno metidos a "promotores inmobiliarios" con los bienes y dinero de los vecinos, que no sólo han propiciado el embargo de nuestra plaza más señera en nefasta gestión del proyecto más emblemático para nuestra ciudad largos años perseguido como lo era LA PLAZA DE ESPAÑA, con graves consecuencias para los afectados y posiblemente para todo el municipio. A ello se ha sumado el plan de ajuste y saneamiento económico del ayuntamiento y el de pago a proveedores al que obligó el ministerio de hacienda, el cierre de servicios públicos como la biblioteca Mario Benedetti, o la subida de impuestos y tasas para compensar la delicada situación financiera y presupuestaria de un ayuntamiento mal gestionado que gastó por encima de lo que ingresó en los años de crisis de la legislatura pasada; todo lo cual pone en riesgo el mantenimiento de servicios públicos municipales y empleos asociados a los mismos. Pero todo esto, merecerá una repaso más amplio en capítulo a parte.
En San Fernando de Henares el gobierno de IZQUIERDA UNIDA cosecha las consecuencias de haber hecho todo lo contrario de lo que preconiza su utópico ideario comunista anticapitalista. Así hemos visto un alcalde y un gobierno metidos a "promotores inmobiliarios" con los bienes y dinero de los vecinos, que no sólo han propiciado el embargo de nuestra plaza más señera en nefasta gestión del proyecto más emblemático para nuestra ciudad largos años perseguido como lo era LA PLAZA DE ESPAÑA, con graves consecuencias para los afectados y posiblemente para todo el municipio. A ello se ha sumado el plan de ajuste y saneamiento económico del ayuntamiento y el de pago a proveedores al que obligó el ministerio de hacienda, el cierre de servicios públicos como la biblioteca Mario Benedetti, o la subida de impuestos y tasas para compensar la delicada situación financiera y presupuestaria de un ayuntamiento mal gestionado que gastó por encima de lo que ingresó en los años de crisis de la legislatura pasada; todo lo cual pone en riesgo el mantenimiento de servicios públicos municipales y empleos asociados a los mismos. Pero todo esto, merecerá una repaso más amplio en capítulo a parte.
El resumen político, social y económico de 2012, no puede
ser más nefasto para España, y ello se percibe claramente ya en la vida
cotidiana, con un diezmado bullicio y menor dinamismo comercial y económico del
centro de nuestras ciudades, y una periferias que parecieran estar sometidas al
toque de queda en un estado de sitio, donde casi nadie sale de casa en estas
navidades, a diferencia de años precedentes.
Ciertamente, el país, y esta es la percepción generalizada,
está socialmente llevado al límite, al borde de lo que ya pueden aguantar
personas y familias. Un contexto sin duda de grave y profunda crisis que carga
los esfuerzos siempre sobre los mismos por el hecho de ser mayoría, haciéndose
extensible la peligrosa idea de un estado que oprime y recorta en derechos y
coberturas sociales y laborales, mientras su clase política dirigente, mantiene
sus privilegios, y favorece en clara connivencia los intereses particulares de
grandes corporaciones.
Esta es la realidad que en 2012, nos ha traído el
agravamiento de la crisis, y un gobierno, que aplica pura e irracional
ideología antisocial de corte neoliberal, sin reparar en el hecho de las
tensiones sociales que ello genera en el contexto económico actual.
Esperemos que 2013 nos traiga una mejoría de todos estos
problemas, especialmente del desempleo, que es el mal que de manera más directa
nos afecta a todos, como afectación individual-familiar de lo que es la crisis
y las carencias que propicia.
Feliz año 2013
a tod@s los que seguís este espacio.
a tod@s los que seguís este espacio.
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