Hoy cuando celebramos en 35 cumpleaños del marco constitucional vigente, nos encontramos con que, la política y quienes la ejercen, carecen de credibilidad ante los ciudadanos para abordar los muchos problemas que afectan a nuestro país en orden a lo económico, social y también por redundante que parezca, a lo político.
Esta falta de credibilidad y confianza dimana de una creciente desafección ciudadana hacia la clase política y las instituciones democráticas que llega hasta las más altas magistraturas del estado. Todo ello es debido, tanto a la incapacidad para responder y afrontar los problemas generados por la crisis, como el origen mismo de ésta, y también por la poca ejemplaridad de una clase política afectada por escándalos de corrupción y una justicia lenta y controlada por el poder político socavando la división de poderes inherente a todo régimen democrático que se precie de serlo.
España se encuentra en la peor crisis de su historia reciente, con una democracia imperfecta no del todo consolidada, una crisis que es económica pero también social y política, que pone en evidencia los cimientos de barro sobre los que se vino en restituir el régimen democrático al amparo de la monarquía parlamentaria y sistema de partidos que sobre la base de una Ley Electoral injusta, ha generado un bucle de alternancia bipartidista entre dos partidos nacidos del antagonismo ideológico que devino en la guerra civil, que cada vez en la práctica de sus políticas se diferencian menos, salvo por los muchos dogmas que han mantenido e inculcado mediática y culturalmente a los más incondicionales seguidores de su electorado, hasta el punto de convertirlos en hinchas de unas siglas antes que ciudadanos.
La crisis pone a prueba las costuras del régimen de la restauración democrática de la monarquía, costuras que pueden romper por lo asocial de las políticas del gobierno conservador y neoliberal del PP, que acrecienta la injusticia social, recorta en derechos y limita o impide la igualdad de oportunidades en favor de élites acomodadas, que curiosamente se benefician de los demoledores efectos de la crisis en una ya casi inexistente clase media.
La constitución de 1978, definía España como, y cito:
Art.1.1 España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Art.1.2 La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
Hoy se han puesto en cuestión estos dos principios básicos. El del estado social, por cuanto, priman los intereses financieros y de los grupos de poder económico por encima del interés general de la nación. Y el de la soberanía nacional, cuando una parte se arroga derechos en detrimento del resto, y entiende capacidad para decidir unilateralmente sobre lo que al conjunto de la nación española y Estado que la representa afecta.
Partiendo de la constatación de estos hechos, lo primero, no es tanto reformar la constitución a la medida de determinados grupos de poder, como ya hizo PP + PSOE con el art. 135, donde mandaron al garete eso de que España es un "estado social". Como garantizar que se cumplan derechos fundamentales de los españoles. Hoy hay tres que se vulneran de forma sistemática, sin que los poderes públicos y la clase política hagan lo suficiente:
El derecho a un trabajo.
El derecho al disfrute de una vivienda digna.
El derecho a la igualdad de oportunidades a través del acceso a una adecuada educación y formación.
Cumplir lo ya recogido en La Constitución, en relación a las necesidades de los ciudadanos, es más una cuestión de VOLUNTAD POLÍTICA que de adecuación del texto constitucional que nació de un consenso, que en el actual clima social y político es difícil de repetir.
En San Fernando lamentar ayer el uso partidista del acto institucional
del día de la Constitución por parte del alcalde para hacer un alegato
en contra de la misma y de la corona.
Sin duda una actitud impropia de un cargo público que ha prometido guardar y hacer guardar la Constitución "con lealtad al rey". Sus formas se parecen más a la de la izquierda radical abertzale que representa Bildu, por la similitud de su beligerante discurso, que utiliza la defensa de los más afectados por la crisis, para cargar contra un régimen político en el que su partido participa, como bien se ha visto en el reparto de cargos en el Consejo General del Poder Judicial, que precisamente mina la separación de poderes que preconiza La Constitución Española, como la de cualquier otro país democrático que se precie de serlo.
Modere ese discurso Don Ángel, que esas salidas de tono, sólo contentan a sus adeptos más radicales y preocupan a la mayoría que no lo somos, y no engañan a nadie fuera de sus filas.
Sin duda una actitud impropia de un cargo público que ha prometido guardar y hacer guardar la Constitución "con lealtad al rey". Sus formas se parecen más a la de la izquierda radical abertzale que representa Bildu, por la similitud de su beligerante discurso, que utiliza la defensa de los más afectados por la crisis, para cargar contra un régimen político en el que su partido participa, como bien se ha visto en el reparto de cargos en el Consejo General del Poder Judicial, que precisamente mina la separación de poderes que preconiza La Constitución Española, como la de cualquier otro país democrático que se precie de serlo.
Modere ese discurso Don Ángel, que esas salidas de tono, sólo contentan a sus adeptos más radicales y preocupan a la mayoría que no lo somos, y no engañan a nadie fuera de sus filas.
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