1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
La Constituciuón de 1978, 32 años después de su ratificación por el pueblo español, ha sido la norma jurídica fundamental, que ha permitido establecer las reglas de juego democrático, por las que se ha regido el quehacer político de la nación.
32 años en los que España ha alcanzado un elevado grado de desarrollo económico y social, que la han situado en la primera linea de los países más desarrollados del mundo.
La Constitución de 1978, ha posibilitado también, las mayores cuotas de autogobierno a las diferentes regiones de España, en especial, de aquellas que se singularizaban por sus particularidades históricas y culturales. Una constitución que ha garantizado, en el marco del autogobierno, la unidad del cuerpo de la nación así como la solidaridad entre sus diferentes territorios.
En la Constitución de 1978, se culmina el proceso de transición de la dictadura a la democracia en España, es el mejor ejemplo de la reconciliación nacional auspiciada por la monarquía, que tiene en esta norma el mejor ejemplo de como ideologías políticas antagónicas, pueden aunar esfuerzos, dejando a un lado diferencias políticas, en pos del bien común de la nación, en un consenso que integra a todos los españoles, en el propósito de procurar un futuro mejor al país y a las generaciones venideras.
Quizá La Constitución, 32 años después de su entrada en vigor, necesite de ciertos pequeños ajustes para responder a las cambiantes necesidades de la realidad de nuestro tiempo, pero estos cambios , deben abordarse desde el mismo espíritu de consenso y sentido de estado, con la que fue redactada en origen. La norma fundamental del estado, no puede estar hecha a la medida de las ideas o intereses políticos de ninguna ideología o colectivo político, debe de articularse de tal manera que sus contendidos, posibiliten acoger a todas las sensibilidades políticas e ideológicas del arco parlamentario, expresión de la voluntad popular, donde todos tendrán que ceder en algo, en pos del bien común del país, en el mismo espíritu de consenso que inspiró nuestra transición democrática.
La pretensión de unos de imponer un modelo de estado a pesar de otros, solo nos lleva, como nos demuestra la historia, a la confrontación, y no debemos olvidar, incluso quienes por edad no lo hemos vivido, las graves consecuencias que ello tiene, para nuestro bienestar presente y futuro.
La actual crisis mundial, nacida de los excesos especulativos de una economía más virtual que real. Va poner a prueba la solidez de nuestro modelo económico y social de convivencia, y ello exige que como sociedad estemos a la altura de las circunstancias, para que de forma corresponsable, para con nosotros y nuestros hijos, seamos capaces de articular las medidas necesarias para preservar nuestro estado de bienestar en su esencia, y sentar las bases de un modelo de desarrollo más justo, sostenible y competitivo, que posibiliten el desarrollo moral y material del país desde el aprovechamiento óptimo de sus potencialidades.
Decir para terminar, que el "revisionismo histórico" que reivindica la república como forma de gobierno, debe partir de la reflexión detenida, que implica, que para que esa forma de estado sea viable en un futuro en España, se entienda, que su forma, debe de estar por encima de toda veleidad e ideología política, cosa que a día de hoy parece imposible, por ser la república patrimonio ideológico casi exclusivo de una determinada corriente política, que hoy en día no es ni mucho menos la mayoritaria en España, lo cual, no significa, que desde el respeto al ordenamiento jurídico vigente, y al amparo de la libertad de expresión y pluralismo político que representa nuestro estado, pueda ser defendida de forma legítima por quienes la compartan.
La Constitución de 1978, es en muchos aspectos, heredera en sus preceptos más progresistas de igualdad y justicia social, de la constitución de 1931, pero hecha desde el consenso y no desde la confrontación de la imposición de unos respecto a otros, y no rupturista con respecto al acerbo histórico y cultural de España, cuyas sensibilidades no pueden ser obviadas en modo alguno, y que no son incompatibles con la posibilidad de abordar políticas progresistas.
La Constitución de 1978, abraza en suma las sensibilidades de todos los españoles de una manera justa y ponderada, de unas respecto a otras en función de su diferenciada naturaleza ideológica, histórica y/o cultural. Es un patrimonio de tod@s, que ha costado demasiado consensuar, y que se ha demostrado en estos 32 años, como el mejor instrumento para nuestro progreso y bienestar presente y futuro.
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