La educación y la
formación, son en la sociedad en la que vivimos, de vital importancia para el
desarrollo individual y colectivo.
Al margen del esfuerzo personal,
para obtener una mejor cualificación profesional; está claro, que los medios que
se dispongan, determinan la calidad de la enseñanza., como el nivel de
formación determina el de cualificación en estrecha relación con el nivel de
renta al que se pueda optar a futuro, mayor, a mayor cualificación.
La oferta pública
educativa-formativa, es vital, dado su carácter “universal” y “gratuito”
abierto a todos, siendo un instrumento imprescindible en el sentido de
posibilitar “la práctica igualdad de derechos y oportunidades” para que todos puedan
recibir una educación y una formación “de calidad”, donde las diferencias,
vengan determinadas por las aptitudes y el esfuerzo de cada uno.
Debilitar este modelo caracterizado por su accesibilidad en condiciones de
igualdad para tod@s. No contribuye,
precisamente en tiempos de crisis, a facilitar esas oportunidades a quienes más
las necesitan, cuando las desigualdades de orden económico y social se ven
acentuadas.
Defender un modelo
público, universal y gratuito de enseñanza; no significa, que el mismo no pueda
ser gestionado desde criterios de racionalidad y excelencia. Donde a una
suficiente dotación de recursos; acompañe, un nivel de exigencia a docentes,
alumnos y demás actores implicados en el proceso educativo-formativo, acorde
con el esfuerzo colectivo que todos hacemos al sostenimiento de este sistema.
En la priorización del
gasto “público”, ha de primarse lo “público” sobre lo privado, no por otro motivo
que el de su subordinación al interés general en una función íntimamente ligada
a favorecer, “que tod@s puedan tener las mismas oportunidades”, para que nadie
con aptitudes y en función de su esfuerzo, pueda verse relegado por falta de
medios.
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