EL PROBLEMA SOCIAL DE LA VIVIENDA

El problema de acceso a una vivienda digna en condiciones económicas asequibles para los salarios que se vienen pagando a las clases medias trabajadoras, mayoría demandante de un bien social indispensable para vivir como lo es la "vivi...enda", no conoce de límites de edad.

Bien es cierto que los jóvenes menores de 30 años que empiezan su trayectoria laboral sufren en mayor medida la precariedad salarial, pero no es menos cierto, el hecho de que la diferencia en términos de ingresos con uno que tenga más de 30 y que ha salido de la universidad -en tal supuesto- hace cinco años, tampoco es determinante como para poder acceder a una vivienda, ni en opción de compra-propiedad, ni en alquiler; máxime, si tenemos en consideración los precios que han alcanzado tanto las hipotecas como los alquileres.

Que el coste de las hipotecas se extrapola al de los alquileres, no es un fenómeno nuevo, como consecuencia de que aquellos compradores, que no pudiendo hacer frente al pago de sus respectivas viviendas nuevas, alquilan la misma u otra que ya tuvieran en propiedad, por un coste que les permita afrontar la hipoteca, permitiéndoles el desahogo económico necesario, que se traduce en ahogo para la mayoría demandante de vivienda, sin más bienes que los derivados del los rendimientos de su trabajo.

Se supone, que si el salario medio de la mayoría de los trabajadores en España, está entorno a los 1100 o 1300 euros netos/mes -y eso después de unos cuantos años de experiencia y trayectoria laboral y por tanto con más de 30 años, salvo admirables excepciones-, los ingresos destinados a sufragar el pago de tu casa, no deberían suponer más del 25 o 30% de dichos ingresos medios. Paro los chavales que empiezan a trabajar y están por debajo de esa media -700 u 800 € entre los 20 y los 30 años- parece razonable una ayuda que limite ese hecho diferencial, aunque transcurrida la edad de su vigencia, y aun más, pese a ella, el problema seguiría siendo el mismo.

No tiene tampoco mucho sentido, mantener unos límites máximos de ingresos para acceder a promociones públicas de vivienda, situados en 5,5 veces el SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL, ya que eso supone, que personas con unos ingresos de 36.000€ brutos/año -más de 2000€ mes- puedan acceder a viviendas sociales, cuando con tal máximo de ingresos, bien pueden hacerlo en las promociones privadas de vivienda -si tenemos en cuenta el coste de una hipoteca por una vivienda de 100 m2 construidos de nueva construcción-, habría pues que ajustar esos máximos a los máximos salariales que comúnmente tienen la mayoría de demandantes de este tipo de viviendas, y que muchas veces no superan los 1300€ neto/mes; es decir, unos 22.000 o 23.000 € bruto/año, que viene a coincidir, con el nivel de renta PIB per cápita que hoy día tiene España -ligeramente por encima de la media de la UE-.

A todo ello hay que sumar el hecho, del cambio de la estructura de los hogares, donde como consecuencia de un creciente individualismo, hay cada vez más hogares que están formados por una sola persona, bien porque han pasado por procesos de separación o de divorcios, o simplemente porque no realizan vida en común con una pareja estable. A este respecto, incluso los problemas de la violencia de genero o doméstica, tienen una estrecha relación con el problema del acceso a un bien raíz como lo es la vivienda, en especial cuando se asiste a la descomposición del hogar en un proceso de divorcio, que implica que una de las partes o las dos, vaya a quedar socialmente expuesta, con todas las implicaciones económicas que ello supone, que puede implicar incluso fenómenos de exclusión social o marginalidad.

Fenómenos que también afectan a los mayores, aquellos que con más de 65 años cobran o viven de pensiones por debajo del SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL en viviendas objeto de alquileres sujetos a contratos de renta antigua y que se hayan por debajo del umbral de la pobreza, así como otros colectivos especialmente vulnerables por diferentes coyunturas socioeconómicas.

Un país de "ciudadanos libres e iguales" como algunos van predicando por ahí, no puede estar subyugado al pago de unos costes por un bien social básico como la vivienda, que limita las posibilidades de desarrollo del individuo al limitar su capacidad económica, y por tanto de la sociedad en su conjunto, por estar esta subyugada con este orden de cosas, al interés de la minoría que se beneficia del mismo, y que se viene a corresponder con esos ciudadanos que efectivamente en virtud de su economía bien pueden considerarse "libres e iguales".

El modelo de crecimiento económico, basado únicamente en la promoción inmobiliaria, como objeto de inversión y locomotora económica del país, tiene un efecto autolimitado en términos socioeconómicos, que es el techo hasta el cual puede exprimirse y endeudarse a la clase media trabajadora de un país, haciéndole pagar por una vivienda, cantidades que suponen más del 60% de los ingresos medios familiares -y más del 100% de los individuales- por tiempos que superan con creces su vida laboral activa, en el marco de un mercado laboral poco estable y el de una economía imbuida en procesos globales, donde la libertad de movimiento de los capitales, puede generar fenómenos de deslocalización de actividades productivas, que induzcan graves escenarios de crisis en el ámbito de sociedades que detentan hoy un alto nivel de vida, bienestar social y desarrollo humano.

Es la propia banca, la que ha puesto de manifiesto el hecho de que los españoles no es que no demos más de sí en el esfuerzo económico de adquisición de una vivienda, sino que además de este hecho, estamos pagando por nuestras viviendas cantidades que están a todas luces sobrevaloradas, con las graves implicaciones que ello tiene para una gran mayoría, en beneficio de una minoría que con escasa cualificación y visión emprendedora, han convertido un bien social como lo es la vivienda, en objeto de una INVERSIÓN SEGURA, que dadas las ansias de beneficio rápido, ya no lo es tanto.