PLAZA DE ESPAÑA. Un año sin soluciones, con un problema enquistado.

Ha transcurrido prácticamente un año desde que en septiembre pasado, casi toda la prensa nacional se hiciera eco del escándalo urbanístico que suponía el EMBARGO DE LA PLAZA de nuestro municipio. Era caso inédito en España, y más tratándose de una de las grandes localidades del entorno metropolitano de Madrid.

El de la Plaza de España, es sin duda el más grave asunto que directa e indirectamente afecta en estos momentos al municipio, sin obviar, la dramática situación generada a los afectados por la gestión que se ha hecho en esta sociedad mixta constituida para la rehabilitación de la plaza barroca, participada al 49% por el ayuntamiento y presidida por el dimitido ex alcalde de IU, Julio Setién, el cual el pasado día 26 de abril, comparecía en el juzgado nº 5 de Coslada, a tenor de la imputación en una serie de presuntos delitos vinculados a esta gestión, denunciados por la ASOCIACIÓN CÍVICO CULTURAL EL MOLINO de San Fernando de Henares.

La sociedad en concurso de acreedores, presenta un pasivo (deuda) de unos 92 millones, para un activo LIQUIDABLE de 102 millones aprox. La diferencia arrojaría un saldo positivo de 8 millones a tenor de lo que se desprende del informe que se ha conocido del administrador judicial, si bien las conclusiones iniciales y resoluciones a tenor del mismo, pueden ser impugnadas por las partes personadas en el concurso de acreedores, entre los que se encuentran los propietarios afectados.

Pero sucede, que este administrador, ha excluido como acreedores a los propietarios de las casas y suelo que forman parte de la sociedad, con el 51% de participación restante. Al parecer, no los considera acreedores, sino socios accionistas de la sociedad concursada, y por consiguiente, al margen de beneficiarse de la liquidación de bienes de la misma, entre las que se encuentran las casas hoy ya rehabilitadas, los pisos de reciente construcción en las traseras con sus locales comerciales, y también, la plaza, su espacio libre y aparcamiento subterráneo.

Es obvio que si la sociedad se liquida, se subastarán todos esos bienes de la misma, y los primeros a cobrar en calidad de acreedores, son BANKIA y las constructoras a las que se les debe algo más de 20 millones de euros. En ese escenario, los afectados estarían en trance de perder todo.

Mientras siga adelante el proceso concursal abierto, estos propietarios, no tienen la seguridad de poder ejecutar al menos los avales por el importe de los bienes aportados en su día, ni la reversión del suelo de sus propiedades, alegando el incumplimiento de los acuerdos suscritos y recogidos en los estatutos de la sociedad "Plaza de España San Fernando SL", que según parece, el administrador judicial, viene a señalar que no se han incumplido por parte de esta sociedad.

Pero sucede, que a tenor de lo que denuncia EL MOLINO, hay presuntos delitos relacionados con la gestión realizada en esta mercantil, que señalan al anterior alcalde, al ex concejal de urbanismo, y a una tercera persona vinculada a la sociedad WOODMAN hasta fecha relativamente reciente, todo ello constitutivo de presuntos delitos que tendrían CALIFICACION PENAL.

Uno de ellos, y que es sobre el que se construye la constitución de toda la arquitectura jurídica de la sociedad mixta Plaza de España San Fernando SL, y posteriores actos jurídicos y administrativos derivados. Tiene que ver, con la aportación al capital social de la misma por parte del alcalde sin presunta autorización expresa del ayuntamiento pleno por mayoría, del espacio público de la plaza de España.

Este hecho que de demostrarse, implica una presunta grave ilegalidad, tiene consecuencia sobre el proceso concursal abierto, porque obligaría al administrador judicial de Plaza de España San Fernando SL, a informar al juez de este hecho, y a tener que separar de la masa concursal el espacio público de la plaza y aparcamiento construido bajo la misma.

Otra de las consecuencias, que implica la apertura de acciones en ese sentido por vía penal, contra los responsables de esto, es la PREEMINENCIA de lo penal sobre los procesos administrativos y mercantiles en curso a los que pueda afectar. 

Esto implica, que en tanto en cuanto no se resuelven y depuran las presuntas responsabilidades penales de los implicados en estos hechos, los afectados ciertamente no pueden recuperar sus casas, pero tampoco podrán ser subastadas perdiéndolas definitivamente sin compensación alguna.

Si se demuestra NULA e ilícita la aportación de la plaza al capital de la mercantil, sería nula la constitución de esta sociedad, y nulos todos los actos derivados. Y si según parece, el acto de cesión de la plaza, es realizada de manera unilateral por parte del anterior alcalde, la responsabilidad de sus actos gravitan sobre su persona, y por ende no sobre el ayuntamiento, cuyo pleno no autorizó expresamente la cesión de ese bien público que es inaportable conforme a varios preceptos legales y por tanto inembargable, entendiéndose ese acto fundamental en la participación municipal en el proyecto, sin la cual, es obvio que CAJA MADRID no hubiera concedido financiación alguna, si bien, no se explica que lo hiciera a tenor de lo que se ha puesto de manifiesto, y menos, formando parte del capital social de la empresa constituida, un bien público inaportable por ser un bien DEMANIAL. 

Pero en este planteamiento, no se puede obviar lo aprobado y VOTADO por los partidos representados en pleno con relación a la puesta en marcha de este proyecto en actos previos y posteriores, además del de propia constitución de la sociedad, y en ello entran en juego no solo IU en el gobierno, sino también el PSOE que gobernaba en coalición, y el PP en la oposición, que se mostrara favorable al proyecto, aunque con posterioridad discrepara de las decisiones que se estaban tomando, aunque sin poner en conocimiento de la justicia el asunto de la cesión de la plaza, cosa, que hubiera evitado el desarrollo de todos los demás actos que son consecuencia de la situación actual.

El resultado en tal supuesto es incierto, pero es posible  que los afectados de la plaza, podrían en tal contexto ejercitar sus derechos como perjudicados, pidiendo la reversión de los bienes aportados o su equivalente económico, habida cuenta la diferencia de valor que hay entre los edificios actuales rehabilitados y ya construidos y los aportados en su día, en algunos casos en situación ruinosa, además de pedir la correspondiente compensación por los daños y perjuicios que se les han realizado. En tal contexto, es obvio que las constructoras, BANKIA y todos los demás acreedores, tendrían dificultades para cobrar las deudas que reclaman.

Por ello situaciones como la de Plaza de España San Fernando SL, que participada al 49% por el ayuntamiento está en concurso de acreedores, suponen una incertidumbre clara en tanto en cuanto no sepamos cómo puede afectar eso al ayuntamiento. De tener que asumir esa deuda en su totalidad, estaremos en una situación de QUIEBRA del ayuntamiento, sólo asumir la parte de deuda en cuantía equivalente al % de participación municipal, ya pone en riesgo la viabilidad económica del ayuntamiento y por ende la sostenibilidad de servicios hasta ahora prestados y puestos de trabajo a ellos asociados.

Asistimos aquí, a un ejemplo de posible evidente CORRUPCIÓN ESTRUCTURAL de la que adolece nuestra sociedad y clase política. Igual que a Rajoy la diputada Rosa Díez le hacía 20 preguntas sobre el caso Barcenas, en San Fernando nos hacemos al menos 6 preguntas que no tienen respuesta sobre el CASO PLAZA DE ESPAÑA.

 

1º ¿Cómo es posible que un alcalde ceda a una empresa constituida con patrimonio de aportación mayoritaria privada una plaza pública sin estar autorizado por el pleno y siendo dicho bien INAPORTABLE?, 

2º ¿Cómo una registradora de la propiedad y un notario, supuestamente conocedores de la ley no se lo cuestionan?, 

3º ¿Cómo una entidad  financiera, como la entonces CAJA MADRID hoy BANKIA otorga un crédito promotor, a una sociedad donde el ayuntamiento participa casi exclusivamente, sin más bienes que el terreno de una plaza pública que no se puede aportar SIENDO INEMBARGABLE?, 

4º ¿Cómo nadie se cuestionó las cifras de la viabilidad económica de la operación?,

5º ¿Cómo es posible que se cargaran gastos impropios a la mercantil Plaza de España, como es el caso de las obras del MUSEO DE LA CIUDAD?...

6º Y lo más curioso de todo, ¿cómo ante la gravedad de los presuntos delitos que se han podido producir con relación a PLAZA ESPAÑA, la fiscalía NO HA ACTUADO DE OFICIO?.

Y suma y sigue, en un ejemplo lamentable de cómo tantas personas a la vez, pueden hacer mal las cosas, deliberadamente, por desconocimiento o por dejación de sus obligaciones.

Mención a parte merecen, los vecinos afectados de los bloques de pisos demolidos de las calles Coslada y Gonzalo de Córdoba, que no tienen el beneficio de las garantías que sí tienen el resto de propietarios de viviendas históricas y suelo anejo a ellas de la plaza, y cuya  situación siendo general complicada, adolece de un grado de exposición a desprotección jurídica y social si cabe mayor, dentro del contexto de perjuicio que a todos les afecta.