Cuando se cumplen 79 años del inicio de la guerra civil española, conflicto que supuso la ruina moral y material del país. Nos encontramos inmersos en el contexto de una triple crisis en España, económica, social y político-institucional.
Las graves desigualdades acrecentadas en estos años de grave crisis, han generado el caldo de cultivo necesario para una creciente polarización de la sociedad española, que tiene su reflejo en el panorama político actual, cada vez más volátil.
El desgaste del sistema bipartidista representado por PP y PSOE, consagrado en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, con la restauración de la monarquía, cuyo carácter parlamentario consagra La Constitución de 1978. Se hace patente con el ascenso de nuevas alternativas políticas, donde destaca el ascenso de los partidos de corte populista o extrema izquierda, que no son reflejo más que del grave descontento social que han supuesto las políticas tanto de PP como del PSOE, que hacen pagadoras de la crisis, casi exclusivamente a las clases medias y trabajadoras, proletarizándose las primeras, y abocando a la exclusión social y la pobreza a buena parte de las segundas.
El paro primero y la precarización del empleo después, junto con las políticas de austeridad que merman los mecanismos del estado del bienestar, con recortes en sanidad, educación, dependencia y pensiones, además de en inversiones productivas... no hacen sino, acrecentar las desigualdades sociales, y cronificar la pobreza y la exclusión en los sectores de población social y económicamente más vulnerables. Frente a eso, contrastan las políticas de apoyo a la banca y a los sectores económicos más favorecidos o privilegiodos, con el rescate de bancos y cajas, quebradas por una mala gestión política encubierta de las mismas, que como en el caso de BANKIA, llegó a generar un agujero de más de 20.000 millones, que desencadenaría el "Rescate Financiero de España" por parte de la UE, y que, pese a que el gobierno Rajoy diría que no pagarían los contribuyentes españoles, finalmente, estamos pagando los ciudadanos, al computar como deuda del estado, la cual, pese a las políticas de recortes, se ha incrementado en más de un 20% respecto del PIB en los últimos cuatro años.
A los problemas de orden económico y social generados por la crisis, con su mencionado reflejo político, se une la escalada nacionalista de corte independentista en Cataluña, que supone un elemento de inestabilidad más, si bien, no deja de ser un elemento que en clave política catalana, viene a tapar bajo la bandera independentista, los verdaderos problemas de gestión que afectan a la ciudadanía de dicha comunidad autónoma, tras más de treinta años de gobiernos independentistas, afectados también por una corrupción institucionalizada, bajo las siglas de CIU, coalición hoy disuelta en sus componentes originales CDC (Convergencia Democrática de Cataluña) y Unió; siendo en ese contexto, la Ezquerra Republicana de Catalunya el principal beneficiado.
Un partido claramente rupturista con la legalidad constitucional española, y de quien es rehén político-electoral el president de la generalitat Arthur Mas, a consecuencia de su torpe deriva independentista, suscitada, en buena medida, por las negativas del gobierno central, a satisfacer sus exigencias en materia de financiación y fiscalidad en el contexto de un sobreendeudamiento de las cuentas catalanas, producto del derroche nacionalista de los años precedentes a la crisis... si bien, ese fue denominador común de casi todas las administraciones españolas.
El contexto político, social y económico que a grandes rasgos he intentado pintar en esta entrada, tiene bastantes paralelismos históricos con los acontecimientos que precedieron a nuestra guerra civil hace ya casi 80 años. Es por ello, que conviene, más que nunca, tener memoria, y tenerla en sentido crítico y constructivo, para que los mismos errores del pasado, ni aun con matices, puedan volver a producirse.
A quienes hoy se envuelven en la bandera republicana, bajo una ideología de corte comunista o socialista radical, cabría decirles, que no pueden hacer peor favor al ideal republicano, que asociarlo a una determinada ideología, menos aun de corte radical. La república, como modelo de forma política del estado, no es garantía de resolución de los muchos problemas estructurales de los que adolece el país.
Terminar diciendo, que la república, que es una forma de estado plenamente legítima, como tal, no tiene más color político que el que democráticamente decidan los ciudadanos para sus respectivos gobiernos y representantes de sus altas instituciones y magistraturas. Quizá, el de la forma política del estado, sea el menor de los problemas que tenga que afrontar hoy España, pensando ante todo, en el bienestar de sus ciudadanos, por tanto, considero ese debate como una quimera en sí mismo, no sin dejar de reconocer la legitimidad de ese sistema político, en tanto en cuanto, no se pretenda a la medida de tal o cual ideología política.
Lo que debería hacer reflexionar a algunos, es que no es viable cambiar en España un estado social y democrático de derecho en forma de monarquía parlamentaria, por una república de corte comunista, a la medida de dogmas ideológicos poco operativos sin un proyecto claro de país incapaz de responder a los problemas reales de la ciudadanía.
Por el contrario, lo que sí es necesario, son políticas viables y políticos honestos y rigurosos que antepongan el interés general al suyo propio y el de sus respectivos partidos, para responder a las necesidades de la ciudadanía, afrontar los problemas económicos y corregir las desigualdades que enfrentan y dividen el ánimo del país, y eso ha de hacerse en todos los niveles de la administración, sea estatal, autonómica o municipal.
Recordemos que, "los pueblos que olvidan su historia, están condenados a repetirla...". Por suerte, la España de hoy no es la de hace 80 años, y contamos con la generación mejor preparada de su historia, para asumir el relevo de la anterior.
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