Los demócratas, quienes de verdad lo somos, sabemos, que democracia es votar, como expresión del pueblo soberano libremente ejercida. Pero también lo es respetar las leyes que en ejercicio de esa soberanía nos hemos dado.
El escudo que encabeza este artículo y aun la bandera que lo porta, representa hoy tras no pocos esfuerzos de generaciones pasadas, esos valores de unidad en democracia dentro del Imperio de la Ley en nuestro Estado de Derecho. Una legalidad constitucional puesta en cuestión por quienes de manera excluyente plantean una secesión de parte del país, desobedeciendo nuestras leyes, y despreciando las instituciones de un Estado que a todos representa y a todos incluye y defiende en sus derechos y libertades fundamentales.
Quienes hoy promueven el referéndum ilegal por la secesión de Cataluña, atentan contra nuestro marco legal y constitucional, no por el hecho de votar, como por hacerlo al amparo de unas leyes aprobadas por el Parlamento Catalán de mayoría independentista, en clara transgresión de su propio Estatuto de Autonomía y La Constitución Española, que es el marco legal en el que se ampara.
Nada más grave que esto le puede pasar a un país, y es preciso nos unamos todos los ciudadanos en torno a los valores de unidad, respeto a la ley y principios democráticos que la inspiran, frente a quienes en acto de desprecio a todo ello, pretenden crear una legalidad a la medida de sus ambiciones políticas, rompiendo el cuerpo soberano de la nación, propiciando la secesión de una parte del país.
España se constituyó como Estado Social y Democrático de Derecho, en el que, desde el respeto al imperio de la Ley es posible cambiar las cosas VOTANDO. Pero en modo alguno, puede admitirse la vulneración unilateral del marco constitucional y leyes que de él dimanan; que son además, garantía de nuestra convivencia pacífica y democrática.
Si hay que modificar La Constitución para que el pueblo de Cataluña pueda expresar su voluntad con garantías en relación a su encaje político en el conjunto del Estado, será siempre con arreglo a la legalidad que de la misma dimana, y con el consenso político que provenga de las mayorías que lo propicien, expresión de la voluntad del pueblo español en su conjunto, libremente expresada en las urnas.
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